CON PRECAUCIÓN: GUERRA A LA BUROCRACIA NAYARITA

Serio Mejía Cano

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que mandata nuestra Carta Magna, pues cada día que pasa los salarios son insuficientes aun para cubrir la llamada canasta básica.

El pasado mes de junio comenzaron a circular declaraciones del hoy diputado electo Leopoldo Domínguez González respecto a las prestaciones y conquistas laborales que han logrado los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), por lo que lo dicho por el también expresidente municipal de Tepic dio pie para que buena parte de la opinión pública diera en llamar a sus declaraciones como la “ley anti-SUTSEM”.

Y ahora vuelve a aparecer una nota similar en el portal de internet del periódico “Realidades” firmada por la periodista Mildra Benítez Robledo, en donde resalta la frase: “Los abusivos convenios del sindicato impiden que los ciudadanos tengan buenos servicios públicos”, y sigue Polo Domínguez señalando que: “Debido a que los ayuntamientos como el mismo gobierno del estado y organismos descentralizados les es imposible sostener el convenio laboral que se tiene con el SUTSEM…”, y añade Polo que “… es sumamente necesario una reestructuración del mismo”.

Así que por lo que se ve, es una guerra declarada de Polo Domínguez en contra de los trabajadores del SUTSEM, así esté poniendo al sindicato con sus convenios de por medio, porque a fin de cuentas quienes podrían ser los más afectados en sus finanzas serían los propios trabajadores y no su dirigente, doña Águeda Galicia Jiménez, quien ya tiene su vida hecha y derecha, sino precisamente los sindicalizados en caso de que se les quitaran esas prestaciones y conquistas laborales que supuestamente sangran de más al erario y que por ende, no se le dan buenos servicios a la ciudadanía debido a los adeudos constantes que se tienen con dichos trabajadores al no poder cubrirlos tanto el gobierno estatal como el municipal.

Pero, ¿cómo pretenderá lanzar su iniciativa don Leopoldo Domínguez? Se entiende que las conquistas laborales, las prestaciones y salarios no pueden reducirse porque sería una cuestión anticonstitucional; y no pueden hacer convenios aparte para los trabajadores de nuevo ingreso porque ahí entraría una especie de distinción y una controversia porque la misma Constitución señala que para trabajo igual, salario igual, y desde luego entraría en juego también un punto de discriminación también plasmado en la Carta Magna teniendo a unos trabajadores en un esquema y los de nuevo ingreso en otro. Aunque ya se ha sentado el precedente similar en los contratos colectivos de la CFE, el IMSS, Pemex y otras dependencias gubernamentales en donde los trabajadores de nuevo ingreso ya no tienen las mismas prestaciones que los más antiguos.

Leopoldo Domínguez González debería enfocar sus baterías en los altos salarios que se otorgan la clase política y demás funcionarios públicos en todos los rubros. He ahí el ejemplo reciente en que se les pretendió reducir sus altos ingresos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y que luego, luego patalearon los supuestos afectados; supuestos porque nada más se pretendía rebajarles el diez por ciento y aun así seguir devengando una buena cantidad de dinero, pero no quisieron aduciendo que era una medida anticonstitucional, como el consejero Benito Nacif, quien impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien le dio la razón a Nacif y tan, tan, le quedó su salario íntegro.

Y se entiende que los magistrados de dicho Tribunal Electoral le dieron la razón al consejero Benito Nacif, porque de no hacerlo así tal vez sentarían el precedente para que también fueran señalados por los estratosféricos salarios que perciben; y no se diga los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dice no bajan de 500 mil pesos sus salarios. Así que la sangría del erario está en otras partes y no en los magros sueldos que percibe la gran masa trabajadora del país; y en este caso que nos atañe, la burocracia nayarita. Pero en fin. Sea pues. Vale.

 

0 Comments Join the Conversation →

Deja un comentario