Aprueban diputados reformas para consolidar marco jurídico sólido en derechos para las mujeres y niños.

Tepic//Redacción
A fin de coadyuvar a generar acciones que erradiquen conductas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niños, diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Igualdad de Género y Familia, aprobaron por unanimidad el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit.

Cabe señalar que la discriminación es una práctica cotidiana de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe pero que en algún momento se ha causado o recibido, y la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Ante dichos conceptos y derivado de un análisis a la propuesta en mención presentada por la diputada Jassive Patricia Durán Maciel, los legisladores se pronunciaron a favor de derogar el contenido del artículo 154 del Código Civil para el Estado de Nayarit, debido a que obliga a las mujeres (de cualquier edad) a acreditar que no se encuentran embarazadas para así dar certeza a los hombres sobre su paternidad, atentando contra la libertad de las mujeres de contraer nuevas nupcias y, por ende, las coloca en una situación distinta respecto del hombre.

Asimismo, la propuesta en comento incorpora en los artículos 408 y 436 la violencia familiar como causal de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de los menores de edad; sin embargo, cabe señalar que el padre o la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.

Con la aprobación en comisiones de este proyecto por parte de los diputados de la Trigésima Primera Legislatura, se permitirá la consolidación de un marco jurídico capaz de garantizar la protección irrestricta de los derechos de los nayaritas.

 

 

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