Periodico Express de Nayarit
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Conjeturas: DEL DICHO A LOS HECHOS

Francisco Cruz Angulo

2015 / 09 / 17

En su toma de protesta como gobernadora de Sonora, la priísta Claudia Pavlovich, en un encendido discurso en el que estuvieron presentes el jefe del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, anunció una cruzada en contra de aquellos servidores públicos que en la pasada administración del panista Guillermo Padrés Elías cometieron actos de corrupción en perjuicio del erario estatal, lo que generó un intenso y prolongado aplauso de los asistentes.

Sin embargo, en entrevista por separado Manlio Fabio minimizó el discurso beligerante de la gobernadora al expresar que no se trata de una cacería de brujas.

El discurso de la nueva gobernadora no es nada novedoso en la jerga política en nuestro país.

En el afán de ganar popularidad recurren a este tipo de artificios que con el paso de los días todo queda igual, es decir, la impunidad o si acaso es capturado un “chivito expiatorio” al que le aplican todo el rigor de la ley, en tanto los grandes tiburones hasta son premiados con otro cargo público como una cínica burla a la gente.

Casos de esta naturaleza los conocemos en los gobiernos priístas, panistas y perredistas. Palabras y más palabras y desgarradoras vestiduras.

Si la clase política gobernante pretende combatir en serio y a profundidad institucional a la corrupción y la falta de rendición de cuentas, será realidad hasta que esos tres partidos aprueben las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción y en alguna de ellas quede asegurado la obligatoriedad de que cualquier servidor público de los tres órganos de gobierno y entes descentralizadas y autónomas se obliguen a divulgar públicamente su declaración patrimonial, declaración de impuestos y de interés, incluyendo al Presidente de la República, en el interés de que todos sean sujetos de sanciones en caso de incurrir en acciones ilegales.
Ahora bien, toda esta herramienta jurídica debe estar en manos de fiscalías autónomas del Poder Ejecutivo, de manera que no ocurra lo que es el origen de la impunidad, esto es, que un subalterno investigue a su jefe.

A la fecha los nuevos dirigentes nacionales del PRI y del PAN se comprometieron  públicamente, y seguramente el del PRD, a impulsar desde sus respectivas bancadas en el Congreso de la Unión que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias sean aplicadas el próximo año en todas las entidades de la República tal y como lo mandata la Constitución.

Inicialmente lo podremos comprobar cuando se inicie el proceso electoral el próximo año en 12 estados de la República, cuando los que se postulen a un puesto de elección popular cumplan lo que prometieron sus dirigentes nacionales de que todos sus candidatos harán pública su declaración “tres de tres”.

OTRA DE LAS INCONGRUENCIAS
Una fenomenal irritación de la opinión pública fueron las últimas designaciones que hizo la Secretaría de Gobernación al  designar al ex diputado federal y vocero oficial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

¿Quién no conoce la trayectoria política y legislativa de ese personaje cercano amigo del propietario de ese partido Jorge Emilio González Martínez?

Siendo legislador fue uno de los artífices y propagadores de la Pena de Muerte para los que delinquen o en su caso cadena perpetua. Todo mundo entendió que más por convicción lo hizo con fines propagandísticos electorales, manipulando con ello la conciencia de millones de mexicanos que a diario son agraviados por la delincuencia organizada.

En los pasados comicios federales el mencionado personaje fue uno de los principales protagonistas para que su partido el Verde Ecologista violara sistemáticamente la Ley Federal Electoral al divulgar publicidad electoral notoriamente ilegal, lo que motivó que el INE sancionara a ese partido por más de 500 millones de pesos, mismos que pagará a plazos.
Fue tal la desvergüenza en la que incurrieron que miles de ciudadanos demandaron se le quitara el registro.

En mala hora se mete otro autogol el mandatario federal al designar a un sujeto carente de autoridad profesional para ejercer el cargo, sin ética pública y el estigma de un político tramposo para violentar la ley. ¿En dónde está la congruencia de las palabras con los hechos? ¿A caso fue pago de factura del Gobierno Federal al PVEM por haber hecho posible la mayoría simple en la Cámara de Diputados? Por eso estamos como estamos…