LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL OJO DEL HURACÁN

CON PRECAUCIÓN
Sergio Mejía Cano

Pues ya entró en vigor el decreto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en donde quien quiera utilizar uno o más de estos aparatos celulares tendrá que proporcionar datos de todo tipo y hasta biométricos, que consisten estos últimos en la huella digital, identificación mediante el iris óptico, voz e identificación facial.

Desde luego que este nuevo decreto que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ha despertado infinidad de protestas, incomodidades, disgustos y, obviamente, la inconstitucionalidad de esta medida que se considera por demás arbitraria; porque si bien la mayoría de los ciudadanos no conocemos a fondo el dictamen o lo que significa, así a priori, de inmediato salta la sospecha, de acuerdo a varias voces, de que más bien podría ser para tener un control de los ciudadanos; pero, ¿irá a ser de todos los ciudadanos en sí?

Si bien se dice que esta reforma para el uso de la telefonía móvil es para colaborar con las autoridades competentes en cuestión de seguridad, por la infinidad de extorsiones que salen por medio de los teléfonos móviles; y hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ha reconocido, por el lado que se le vea, no se le encuentra ningún sentido de que en realidad sea para combatir las extorsiones telefónicas, porque de acuerdo a varios analistas éstas se seguirán dando mientras la corrupción, precisamente de las autoridades penitenciarias, sigan permitiendo que se introduzcan los aparatos telefónicos a los penales del país, de donde, se ha comprobado fehacientemente, sale la mayoría de las llamadas de extorsión; y también, mientras existan los números privados o los que aparecen en los identificadores de llamadas como números desconocidos o que aparecen puras rayitas o nada en sí.

Y precisamente, ahí podría estar todo el meollo del asunto, porque así se registre a la mayoría de los ciudadanos que utilicen la telefonía móvil, mientras la delincuencia aun encarcelada tenga acceso a un aparato de telefonía móvil, las extorsiones y otra clase de delitos se seguirán dando y más, porque en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se pretendió una medida similar a esta de hoy, y fue un rotundo fracaso, porque según se documentó en su momento, ese padrón de usuarios de telefonía móvil apareció en el mercado negro; lo mismo que el padrón electoral que se vendía al mejor postor y, según algunas informaciones, hasta en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, se ofrecía dicho padrón electoral; así que ya no se diga el padrón de usuarios de teléfonos celulares.

Pues es bueno recordar que estamos en México, en donde casi todo o todo es posible. Y ahora con más riesgo de acuerdo a los datos personales que se tengan que proporcionar con el fin de tener un teléfono móvil que, según esto, son más personales y confidenciales; sin embargo, con la tecnología existente, las personas que le entienden de más a esta tecnología de entrar a cuentas supuestamente inaccesibles, pues con facilidad podrán entrar a este nuevo padrón de usuarios y desde luego, hacer las extorsiones y saqueos bancarios y de otro tipo más a fondo y con mayor celeridad.

Se espera una lluvia de amparos por este nuevo decreto, porque ahora la telefonía móvil se ha convertido en una verdadera necesidad para millones de ciudadanos, porque así como el automóvil que en su momento se dijo que era más un lujo que una necesidad, y con el tiempo se convirtió más en necesidad que lujo, igual la telefonía móvil, pues hoy en día para mucha gente se le hace inconcebible salir a la calle sin llevar su teléfono celular; y hay personas que no nada más utilizan uno, sino que por necesidades de su trabajo portan hasta tres aparatos telefónicos.

Pero así como se espera que haya amparos en contra de este decreto, también podría haber gente que deje de usar la telefonía móvil, y es en donde las compañías telefónicas están viendo un serio riesgo para sus economías en caso de que muchos mexicanos prefieran mejor dejar de usar su celular, a tener que proporcionar datos que consideran estrictamente confidenciales; claro que hay gente para todo y que habrá quienes acepten sin chistar que les tomen todo lo que se pide con tal de no quedarse prácticamente incomunicados, sobre todo a las redes sociales.

Ya varios enterados en leyes están viendo que esta reforma es a todas luces inconstitucional, porque en sí, se contrapone desde luego con el artículo 16 constitucional, y con otras garantías individuales.

Sea pues. Vale.